Francisco Serra
Un profesor de Derecho Constitucional fue al mercado y se encontró con que en casi todos los puestos había niños, vestidos con el uniforme de un colegio próximo, haciendo preguntas a los tenderos y a los clientes. Con las respuestas, rellenaban unas hojas que debían entregar a sus maestros, anotando la calidad y variedad de los productos y el trato recibido de los comerciantes. “Debe ser alguna asignatura nueva”, aseguraba una clienta, algo entrada en años, que estaba enterada de que habían suprimido una materia llamada “Formación política”, “Educación para la ciudadanía” o algo así.
El profesor, que había tenido que cursar, como todos los que habían vivido en su etapa escolar bajo la dictadura, una grandilocuente “Formación del espíritu nacional”, dedicada a glosar las heroicas gestas del dictador y los “logros” de su régimen, no se extrañó en exceso de que se pudiera llegar a sustituir la “Educación para la ciudadanía” por una novedosa “educación para el consumo”, pues en el mundo de hoy se nos considera antes como “consumidores” que como “ciudadanos”.
Otra posibilidad, se le ocurrió, podría consistir en convertir la “educación para el consumo” en alternativa a la religión, pues no en vano uno de los sociólogos más destacados del presente calificó a los centros comerciales de “catedrales del consumo”. En este mundo laico, como ya supo advertir Agustín García Calvo, el dinero es el auténtico Dios y nos internamos en las grandes superficies con el arrobo y sobrecogimiento que antes nos producía el contacto con lo sagrado.
La primera vez que el profesor llevó a su hija a uno de esos “templos profanos” la niña no podía contener su excitación: “¡Todas esas tiendas! ¡Juntas!”, sin salir de su asombro. Sabía de la existencia de esos lugares por sus amigas y por los libros de Teo, pero llegó a pensar que eran imaginarios y le parecían mucho más reales las aventuras de la selva que le contaba su padre, recordando un viaje a Vietnam, cuando aún no era un destino turístico habitual.
Uno de los principales problemas de la economía española en este año en que estamos saliendo de la crisis, según las autoridades financieras, es la “caída del consumo”. Los que aún tenemos trabajo tememos perderlo y los que están en el paro sobreviven con extrema dificultad. La sobrina del profesor se echó a llorar cuando supo que su padre había vuelto a ser despedido. “¡Nos van a quitar la casa”, gemía la niña, entre sollozos. Su padre consiguió una efímera colocación durante el verano (debía ser uno de los que el Gobierno mostraba con orgullo como prueba de la mejora de la situación económica), pero al llegar septiembre ya estaba otra vez en la calle.
La inminente aprobación definitiva de la ley Wert podría facilitar esa educación encaminada a formar no ciudadanos, sino ruedas en el engranaje, consumidores, que estén dispuestos a ir a donde sea necesario para encontrar un empleo con el que poder satisfacer su apetito, alimentado de manera artificial, por nuevos objetos. Karl Marx pudo oponer a la descarnada sociedad de su tiempo el lema de una futura sociedad comunista: “De cada uno según su capacidad, a cada uno según sus necesidades”. La sociedad cada vez más desigual que se está conformando escribirá en su bandera un slogan muy distinto: “De cada uno según su capacidad adquisitiva, a cada uno según sus necesidades ficticias”.
La escuela pública solo puede ser vista con recelo por quienes ansían que el abismo entre las clases sociales que se está abriendo se torne insalvable. Todos somos iguales ante la ley y tenemos el mismo derecho a la educación, puede leerse en “el texto” de la norma suprema, pero en la “realidad” constitucional, unos son más iguales que otros, como ya profetizara Orwell en su inmortal novela.
Si hubiera en España un Tribunal Constitucional independiente, podría garantizarse que la ley Wert, como la mayoría de las normas con ese rango aprobadas por el Partido Popular, casi siempre en solitario, sería declarada inconstitucional (y, es más, “anticonstitucional”, porque no se trata solo de que esté en desacuerdo con la Constitución, sino que pretende destruirla en sus líneas fundamentales); pero nadie tiene ya confianza en un órgano presidido por uno de los más fieles ideólogos del grupo conservador (destinado a juzgar sobre la idoneidad de reformas que él mismo ha inspirado, sin apreciar ni él ni la mayoría de los demás magistrados la existencia de la más mínima incompatibilidad con su cargo).
Cuando su hija salió corriendo del colegio, el profesor la abrazó y quiso saber a qué habían jugado en la “actividad extraescolar”, al terminar las clases, y la niña, riendo, contestó: “¡Lo he pasado muy bien! Podíamos ser policías, ladrones o gente corriente. A mí esto es lo más me gusta, porque ni te pueden meter en la cárcel ni tienes miedo de que te maten”. “Cuando era niño”, pensó el profesor, “solo existían dos grupos, los que vigilaban el cumplimiento de la ley y los que se la saltaban; pero en esta época de claroscuros, los papeles son intercambiables y ni siquiera la gente corriente (a salvo de cualquier peligro, creía la pequeña) está libre de terminar en el albergue, en la calle o en la prisión”.
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